Hay que exigir el cumplimiento de la ley en México


Niños fallecidos o heridos en una guardería que se incendió en 2009. La única puerta de la guardería estuvo cerrada durante el incendio. Los dueños de la guarderá permanecen impunes. Una socia era pariente del entonces presidente: Felipe de Jesús Calderón.

Alejandro Valle Baeza

El primero de agosto de 2021 se hará la primera consulta popular en México. Es muy significativo que se trate de una exigencia para aplicarle la ley a la clase dominante; es por tanto una demanda de los dominados.

La impunidad de los dominadores ha sido una constante en la historia del país. Desde Carlos Salinas (gobernó de 1988-94), responsable de numerosas muertes de opositores, hasta Enrique Peña[1] (2012-18) los gobernantes y los capitalistas mexicanos[2] han gozado de total impunidad.

El gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador propuso juzgar a los expresidentes y que se consultara a la población sobre ese asunto. La reacción de la derecha fue rabiosa: “la ley no se consulta, se aplica -dijeron.” Se impugnó la constitucionalidad de la propuesta y la Suprema Corte de Justicia aceptó parcialmente la impugnación modificando la pregunta que hablaba de juzgar a los expresidentes nombrándolos: quedó una pregunta extensa e incomprensible. Ella se llevará a referéndum el primero de agosto. El resultado será de observancia obligatoria; si al menos participa el 40 % de los votantes potenciales. El resultado sería que se investigue a los expresidentes (a los funcionarios del pasado quedó en la pregunta). El organismo encargado de hacer la consulta (Instituto Nacional Electoral) está formado, mayoritariamente, con miembros de la elite que se opone a la consulta.

Sea cual sea la participación es muy probable que los votantes digan que si se enjuicie a los expresidentes. Será el inicio de un proceso que indudablemente formará parte de las luchas populares que han contribuido a que México sea más democrático; aunque lejos de lo que debiera ser.


[1] Es el responsable de la desaparición de 43 estudiantes guerrerenses en 2014. Su procurador hizo además un burdo intento de explicar las desapariciones como un acto de delincuentes no gubernamentales.

[2] En 2006 por negligencia criminal de la empresa murieron los mineros de una mina carbonífera en Pasta de Cochos, Coahuila. Hasta la fecha, no se ha inculpado a los capitalistas de Grupo México, uno de los grupos empresariales más poderosos del país.

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